MONTESQUIEU VIVE EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

EDITORIAL DE LA PROVINCIA - 28-11-2010.-



JUSTICIA DE OFICIO EN EL NEGOCIO DE LA SANGRE.-



En una iniciativa sin muchos precedentes pese a la multitud de sospechas que frecuentemente se amontonan sobre la arena pública, la magistrada de Instrucción 8 de Las Palmas y portavoz de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, envió esta semana un oficio a la Policía Nacional con la orden de investigar qué empresa o empresas ofrecieron un soborno a la ex-jefa de Nefrología del Hospital Negrín, Leocadia Palop, para cambiar el sentido de un informe en el proceso de adjudicación de un concurso público. Se trata de una actuación de oficio que ejecutó Rosell al tener conocimiento de unas declaraciones de Palop a TVE el pasado martes, día en que la magistrada estaba de guardia, en las que la doctora admitía haber recibido ofrecimientos de soborno. Los indicios no podían ser más consistentes, pues el mismo día, Palop declaró a LA PROVINCIA/DLP que empresas ajenas a Gambro y Baxter, las multinacionales que se disputaron la última adjudicación de los servicios de hemodiálisis del Doctor Negrín, le habían preguntado cuánto costaba cambiar un informe de valoración realizado a favor de la primera. Lo publicó este diario el miércoles bajo el título que no dejaba ningún margen a la duda: "Hace un año me ofrecieron pasta", sentenció Leocadia Palop en su declaración a este diario.



LA ACTUACIÓN de oficio de la magistrada Rosell no puede tener un fondo de escenario más complejo. A un lado, la Consejería de Sanidad, que tiene previsto decidir en los próximos días qué hará con el caso Lifeblood, esto es, la adjudicación provisional de un concurso de hemodiálisis de valor de 124 millones de euros en cuatro años a la sociedad del mismo nombre, ligada por un lado al mismo empresario de la construccíón que se lucró con el solar del Canódromo en uno de los mandatos municipales de José Manuel Soria y, por otro, a un personaje singular que ha adquirido notoriedad pública a raíz de este escándalo: Javier Artiles Camacho, una suerte de agente cuádruple que a la vez era asesor jurídico externo de Sanidad a través de gestión Sanitaria de Canarias, apoderado de Baxter, concesionario del servicio de hemodiálisis en el área sur de Gran Canaria, con suministros de Baxter y, además, portavoz ante la Caja de Canarias de Lifeblood, cuya oferta para hacerse con el servicio disputado se basaba en el uso de equipos de Gambro. Al otro, el Partido Popular, irremediablemente ligado al caso por dos hechos que pueden ser circunstanciales, pero no irrelevantes: primero, el hecho de que la adjudicación a Lifeblood se produjera en el área política que estaba bajo la competencia y responsabilidad del PP y, segundo, que fuera un destacado miembro del partido, Mario Romero Mur, quien, en su condición de consejero de la Caja de Canarias, animara a la institución a invertir 2,2 millones de euros en equipamientos a arrendar a Lifeblood, de cuyo representante ante la Caja es concuño.



POR SI EL ENREDO era poco, la doctora Palop se despachó el martes con su inesperada afirmación de que hace un año, en otro concurso en el que ella redactó un informe a favor de Gambro, alguien le ofreció "pasta" para cambiar el sentido de la valoración. En semejante contexto, y en una comunidad por desgracia acostumbrada a que la Justicia no actúe jamás de oficio por más oscuros, turbios o escandalosos que puedan resultar algunos asuntos de la vida pública, procede aplaudir que una magistrada se anime a intervenir para tratar de verificar si alguien planeó un cohecho al amparo de la administración sanitaria y sus millonarios concursos.



SEGÚN PARECE, Palop ha decidido ahora desdecirse y sostener ante la Policía Nacional que los medios de comunicación malinterpretaron sus palabras. Una teoría muy difícil de defender con las grabaciones de las entrevistas en la mano. Con todo, y diga lo que diga ahora la doctora, es evidente que hay sobre la mesa un triple reto que alcanza al Gobierno y a la Justicia, pero en cuyo éxito también debería comprometerse el PP: investigar y esclarecer hasta las últimas consecuencias no sólo la adjudicación a Lifeblood, sino todos aquellos concursos, como el apuntado por Palop, sobre los que planee la menor sombra de sospecha de un uso torticero de los procedimientos y el dinero público. Que entre la luz y se levanten todas las alfombras. Los ciudadanos tienen derecho a ver si hay algo debajo y , sobre todo, a eliminar cualquier sospecha o residuo de componenda para el lucro particular al amparo de los intereses colectivos y el dinero de todos.